minh

 

http://www.redbetances.com/

 

Descarga tu ejemplar

 

piensalo

 

http://www.claridadpuertorico.com/

 

cev

 

 

Reflexiones de Fidel

 

http://forodesaopaulo.org/

portal-alba

Estamos en los canales

Bibiioteca MINH

Videos MINH

Facebook MINH

Ustream

Visitas:
Prisioneros políticos y la lucha del pueblo PDF Imprimir Correo
Escrito por José "Che" Paralitici   
Jueves, 26 de Enero de 2017 23:51

banderaprlibre

Desde que Estados Unidos tomó posesión de Puerto Rico en octubre de 1898 hay reclamo de excarcelación de independentistas. Fue Hostos el primero que le pide al presidente estadounidense que excarcele a independentistas. Los primeros independentistas encarcelados bajo el régimen colonial fueron periodistas que criticaban los abusos de la soldadesca estadounidense. Desde entonces no ha habido década en que algún independentista haya estado preso.

 

 

 

Con la alegría de que Oscar López Rivera estará pronto con nosotros.

Leyendo unos libros del historiador Fernando Picó y del patriota Juan Antonio Corretjer antes de decidir mi tema central de la tesis doctoral me topé con unas cortas frases escritas por ellos que, a fin de cuentas, fueron la chispa para entrar de lleno a una exhaustiva investigación histórica. Tanto Picó como Corretjer escribieron casi a vuelo de pájaro que durante la Primera Guerra Mundial unos pocos, o un puñado de puertorriqueños, habían retado la imposición del servicio militar obligatorio impuesta a los varones desde sus 18 años de edad. Ningún detalle adicional sobre este importante dato histórico encontré en sus obras, como tampoco en la de otros.

Fue sorprendente el hallazgo de mi investigación, más de 300 jóvenes puertorriqueños fueron arrestados y de estos 229 fueron sentenciados a prisión durante el corto período en que Estados Unidos participó en dicha guerra. Entre los encarcelados estuvo un gran líder obrero y luego nacionalista nacido en Caguas, Florencio Romero, quien fue sentenciado a un año de prisión. A este líder obrero independentista se le acusó por espionaje, según la ley del Servicio Selectivo de 1917, por instar públicamente a los jóvenes a que no se inscribieran en el registro militar. La ley era exclusiva para los ciudadanos estadounidenses, que incluía a los puertorriqueños por ser ciudadanos de ese país por la imposición de la conocida Ley Jones pocas semanas antes. Romero fue el primer independentista en ser enviado a una prisión en Estados Unidos. Estuvo en Atlanta.

La investigación me llevó a seguirle el rumbo a esa ley tan oprobiosa para los nacionales de un país intervenido por una potencia extranjera. Cuando se le volvió a imponer la ley a los puertorriqueños, en esta ocasión para la siguiente guerra mundial y luego durante el inicio de la Guerra Fría, en la década de 1940, 92 puertorriqueños fueron encarcelados. En fin, el tema que me sirvió para la tesis doctoral que incluye la imposición del servicio militar obligatorio de Estados Unidos a los puertorriqueños, me ha llevado con el tiempo a la publicación de varios libros que cubren los temas de la persecución, la represión y el encarcelamiento a quienes han luchado y apoyado la independencia de Puerto Rico a lo largo del régimen colonial estadounidense. En el prólogo de mi libro Sentencia impuesta- cien años de encarcelamientos por la independencia de Puerto Rico, el patriota Juan Mari Brás expresa que “Los asesinatos, la cárcel y el destierro son recursos imprescindibles que tienen los que intervienen y dominan pueblos ajenos para imponer sus leyes, tan extraños a los pueblos dominados como los gobernantes que traen consigo para subyugar a naciones conquistadas”. Tiene toda razón el patriota Mari Brás. La lucha por la independencia de Puerto Rico es una que ha significado todo tipo de vejamen contra los independentistas y contra quienes los han apoyado. He podido reseñar sobre el particular en el libro mencionado, como también en otro titulado La represión contra el independentismo puertorriqueño: 1960-2010. En ambos libros hay más que suficientes datos sobre lo que Mari Brás expone.

En estos días, en que vivimos la gran alegría de saber que el patriota Oscar López Rivera volverá con nosotros, es casi imperativo repasar, por lo menos, desde cuándo han estado encarcelados quienes luchan y apoyan la independencia puertorriqueña. Desde que Estados Unidos tomó posesión de Puerto Rico en octubre de 1898 hay reclamo de excarcelación de independentistas. Fue Hostos el primero que le pide al presidente estadounidense que excarcele a independentistas. Los primeros independentistas encarcelados bajo el régimen colonial fueron periodistas que criticaban los abusos de la soldadesca estadounidense. Desde entonces no ha habido década en que algún independentista haya estado preso. Quizás solo en la década del 20, que es una que tenemos que investigar más. Son más o menos mil los que han visto la prisión en Puerto Rico, en Estados Unidos y hasta en otros países a consecuencia de luchar por el ideal independentista o apoyarlo. Esta cifra no incluye a la gran cantidad de independentistas que de 1999 a 2003 estuvieron presos por Vieques, unos 950, como tampoco a unos mil que estuvieron presos como cuestión “preventiva” cuando la revuelta nacionalista en 1950. Tampoco incluye los encarcelados por cometer daño a propiedad federal, específicamente correos de Estados Unidos en Puerto Rico durante la década de 1930, hechos que merecen una buena investigación.

A los independentistas se les ha acusado a lo largo del régimen estadounidense en Puerto Rico por supuestamente violar la ley de armas, del Servicio Selectivo, de explosivos, del Gran Jurado, de la llamada Ley de la Mordaza, por conspiración, por sedición, por agresión, por desacato, por incitación a motín, por colocar pasquines, por penetrar propiedad federal y un largo etcétera. Las sentencias han ido hasta el extremo de imponer hasta tres cadenas perpetuas a una sola persona, como fue el caso de muchos nacionalistas vinculados a la revuelta de 1950.

Ha habido décadas en que la persecución y la represión contra los independentistas ha sido más fuerte. Leerlo únicamente pondría en tensión a cualquiera. Las décadas en que más independentistas han ido a la cárcel han sido las de 1930, 1940, 1950, 1960, 1970 y 1980. Luego de este largo lapso histórico desde 1990 hasta hoy son muy pocos, comparado con las décadas mencionadas, los que han ido a prisión. De manera rápida podemos reseñar los casos del profesor universitario José Solís Jordán quien estuvo en prisión en 1999, el estudiante Pedro Colón Almenas en 2002, Avelino González Claudio en 2010 y su hermano Norberto en 2011. Los dos últimos acusados por el sensacional robo de $7.2 millones a la Wells Fargo achacado a los Macheteros, Solís Jordán por cargos de explosivos contra un centro de reclutamiento militar en Chicago y Colón Almena por un caso de agresión a un miembro del ROTC del Recinto Universitario de Río Piedras mientras se desarrollaba una protesta contra dicho programa durante la campaña para que saliera la Marina de Estados Unidos de la isla de Vieques. Carlos Alberto Torres, quien junto a Oscar López Rivera eran los dos que quedaban presos desde los arrestos en Estados Unidos en 1980 y 1981 por supuestamente estar vinculados a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) salió de prisión en 2010. En 2003 había sido encarcelado José Pérez González por daños a propiedad federal en terrenos controlados por la Marina de Estados Unidos en Vieques. Salió en 2008.

Ahora, mientras estamos en espera del regreso de Oscar a Puerto Rico y se planifica su recibimiento, es importante enfatizar que han sido muchas las campañas pro liberación de los presos políticos puertorriqueños. Luego de que Hostos, por iniciativa propia, le pidiera al presidente de Estados Unidos la liberación de los independentistas presos en Puerto Rico, a lo largo de todo el siglo 20 y el 21 hemos tenido muchas campañas de reclamo de excarcelación por aquellos que han estado presos por luchar por la independencia patria. Ha habido periodos con campañas fuertes y también ocasiones en que no han sido tan vigorosas o no ha habido ninguna durante los 118 años de colonialismo puertorriqueño.

Al principio del siglo 20 hubo campañas pro excarcelación de Evaristo Izcoa Díaz, como también de los hermanos Julio y Félix Medina González y por los otros periodistas encarcelados. Fue en la década de 1930 en que se desarrollaron campañas de mayor envergadura y con mayor amplitud al reclamar la excarcelación de Pedro Albizu Campos y los otros nacionalistas. Se conformaron para entonces comités en muchos de los municipios del país. En 1936 se fundó el Comité Nacional Pro Libertad de los Presos Políticos. Una de las organizadoras fue la poeta Julia de Burgos, conjuntamente con Gilberto Concepción de Gracia y Antonio Ramos Antonini. Hay que destacar que a esta campaña se unió el congresista de Nueva York y gran amigo de los puertorriqueños Vito Marcantonio.

Podríamos concluir, por otra parte, que desde la década de 1950, cuando decenas de nacionalistas e independentistas fueron encerrados en prisiones, hasta hoy, no se ha dejado de tener campañas de excarcelación, con sus altas y bajas. En la década de 1950 fue Albizu Campos quien más apoyo recibía. No obstante, hay que destacar la campaña pro conmutación de sentencia de Oscar Collazo, quien había sido sentenciado a la pena de muerte. Se logró formar comités de apoyo en varias ciudades de Estados Unidos, asimismo un gran respaldo internacional. La principal voz fue su esposa, la también independentista Rosa Cortez (Collazo).

En la década de 1960, estando todavía Albizu Campos y otros nacionalistas presos, el Movimiento Pro Independencia, la Federación de Universitarios Pro Independencia y la Liga Socialista Puertorriqueña, principalmente, desarrollaron campañas para la excarcelación de los presos nacionalistas. Por otra parte, artistas y mujeres a mediados de esa década se organizaron para reclamar la liberación de la nacionalista Blanca Canales. La gran actriz independentista Iris Martínez, por ejemplo, fue portavoz de la campaña “Navidad sin Presos Políticos” en 1965. A la misma vez también en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, de igual manera se organizaron comités para apoyar a los independentistas encarcelados en la metrópolis.

Con una gran campaña en Puerto Rico, Estados Unidos e internacionalmente se logró que el presidente James Carter en 1979 indultara a Oscar Collazo, Irvin Flores, Lolita Lebrón, Andrés Figueroa Cordero y Rafael Cancel Miranda, quienes llevaban tras las rejas de 25 a 28 años. El portavoz de la campaña fue el profesor universitario Nelson W. Canals.

Otras campañas se llevaron a cabo a lo largo del siglo pasado para apoyar a los independentistas presos por desacato a un Gran Jurado y por otras acusaciones. Este periodo de 1960 a hoy ha sido uno en que se ha intensificado la relación y la hermandad entre los puertorriqueños que viven en Puerto Rico y los que residen en Estados Unidos. Desde entonces son muchas las campañas que se han unido para apoyar a los presos políticos que han estado luchando por la independencia de Puerto Rico aquí y en las propias “entrañas del monstruo”, frase que usaba mucho el independentismo hace años.

En 1992 se crea el grupo Ofensiva 92 y el Comité Pro Derechos Humanos, dirigido por el abogado Luis Nieves Falcón, con el norte de lograr la excarcelación de los independentistas que entonces se encontraban presos en prisiones en Estados Unidos, entre ellos Oscar López Rivera. Desarrollaron una fuerte campaña nacional, internacional y en Estados Unidos que llevó a que el presidente Bill Clinton le otorgara en 1999 clemencia condicionada a 12 de los 15 prisioneros políticos nuestros encarcelados en Estados Unidos. Había que continuar porque todavía quedaban otros por lo que se reorganiza el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico en 2004, el mismo es presidido por el reconocido abogado independentista Eduardo Villanueva Muñoz.

Hoy solo queda en prisión Ana Belén Montes, acusada de cometer espionaje a favor del gobierno de Cuba en 2001. Fue sentenciada a 25 años de prisión. Hay un comité organizado por familiares suyos en Puerto Rico y otros, como el de Derechos Humanos de Puerto Rico que dirigirán sus esfuerzos para que salga de prisión pronto.

Mientras Puerto Rico no logre su libertad política, su independencia, esta larga campaña por la excarcelación de prisioneros políticos iniciada en 1899 podrá continuar. Ojalá no sea necesario.



El autor en próximas semanas publica su nuevo libro Historia de la lucha por la independencia de Puerto Rico - una lucha por la soberanía y la igualdad social bajo el dominio estadounidense, por Ediciones Gaviota. (Claridad)

Reforma laboral: Repaso histórico ante el regreso a la servidumbre

Ver foto galería    Visita la foto galería (1)
Perfil de Autor     

Por Román M. Velasco González

Publicado: miércoles, 25 de enero de 2017


“Nada de lo humano me es ajeno”

San Agustín



Para algunos filósofos de la antigüedad, la Historia era magister Vitae, maestra de vida: una mirada al pasado desde la realidad presente, permite afrontar el porvenir. En este momento histórico para nuestras vidas como individuos y como pueblo, en donde se desmantela la legislación protectora del trabajo mediante una reforma laboral conocida como “Ley de transformación y flexibilidad laboral”; es justo y prudente que recapitulemos la historia pasada de nuestra legislación, para que seamos capaces de abonar a su futuro.

La aprobación de la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo, el 14 de abril de 1931, fue la culminación de las luchas de miles de obreros y la piedra angular de nuevas esperanzas para la clase trabajadora, cuyo pasado en Puerto Rico se resume en dos vertientes de explotación: la servidumbre de indios y blancos, y la esclavitud de indios, blancos y negros. Explotados en las minas, los sembradíos o las casas grandes de los hacendados; marcados por el carimbo y el fuete; con la libreta de jornal por pasaporte y un destino de mendicidad para los incapacitados, la mayoría de los trabajadores solo tenía la opción de sobrevivir.

Debemos recordar que, hace apenas 150 años, tanto la servidumbre como la esclavitud eran medios legales de producción, de organización de trabajo y de administración de recursos humanos. Los amos, los hacendados, los funcionarios del Estado y algunos jerarcas de las iglesias, crearon, sostuvieron y defendieron ambos sistemas de trabajo; y presagiaron las mayores desgracias si se alteraban. La libertad de esclavos o jornaleros –según los poderosos–, significaría el desorden cívico, la degradación moral y la ruina económica de la sociedad puertorriqueña.

Por el contrario, algunos esclavos insumisos, algunos jornaleros compasivos y pocos señores capaces de renunciar a sus privilegios de clase –como Ramón Emeterio Betances o Segundo Ruiz Belvis–, comenzaron a rechazar el mundo injusto y limitante de los explotadores. Las rebeliones de esclavos y jornaleros; los análisis socioeconómicos de José Julián Acosta, Eugenio María de Hostos o Salvador Brau; la formación de gremios y casinos de artesanos por jornaleros –ejemplo de los casinos son el Círculo de Recreo y Beneficencia en San Juan, El Círculo Ponceño de Artesanos, La Bella Unión Mayagüezana y La Unión Fajardeña– por jornaleros o libertos educados como tabaqueros o músicos; las huelgas de muelleros o tipógrafos; y las cooperativas de servicios (que ofrecían préstamos o ayudas por incapacidad), fueron algunas de las obras perdurables de la clase trabajadora y sus aliados para mejorar las condiciones de vida e impulsar el bienestar de todo el País, no solo de las clases privilegiadas.

La clase trabajadora se dio a la tarea de educar a sus miembros para crear conciencia (práctica que se concretó en la institución del lector en las fábricas de tabaco y en las veladas de los casinos de artesanos), lo cual derivó en la organización de uniones obreras y el surgimiento de su liderato nacional, valeroso y libertario, a finales del siglo XIX. Con la invasión de los Estados Unidos se implantó un orden jurídico liberal, y los obreros no dudaron en fundar la Federación Regional de Trabajadores (FRT) en 1899 y reclamar la jornada de ocho horas al Gobierno Militar vigente. Éste acogió el reclamo y decretó la jornada de ocho horas, aunque –en la práctica– no se implantó hasta tres décadas después.

En 1912, mediante la Ley 84, se estableció el primer organismo del Estado para reglamentar el trabajo. Se le llamó Negociado del Trabajo, y estaba adscrito al Departamento de Sanidad, Beneficencia y Corrección del Gobierno Insular. Según fueron creciendo la influencia de la Federación Libre de Trabajadores –sucesora de la FRT– y de su brazo político, el Partido Obrero Socialista de Santiago Iglesias Pantín, se transformó el Negociado del Trabajo. Entre 1913 y 1920, se ampliaron sus poderes y se transfirió al Departamento de Agricultura; y se fundaron el Negociado de la Mujer y el Niño, para proteger a ambos sectores de abusos en las fincas y en los talleres de costura, y el Negociado de Mediación y Arbitraje, para resolver pacíficamente los conflictos obrero-patronales. Las huelgas en los talleres, en los puertos, en los cañaverales y en las tabacaleras –ahora contra el gran capital absentista–, eran cada vez más extensas y multitudinarias.

No obstante, todavía muchos obreros reclamaban sus derechos aisladamente o se resignaban a sus miserias. Era común que un trabajador se automutilase para recibir algún beneficio económico o alivio en su jornada de trabajo; era común la quema de cañaverales; era común la deuda eterna con la “tienda de raya” para sostener a la familia; eran comunes el analfabetismo, la tuberculosis, la muerte de recién nacidos.

El Departamento de Agricultura se convirtió en el de “Agricultura y Trabajo” por la Ley 59 de 1930, precursor de la fundación del Departamento del Trabajo en 1931. Su sede fue el edificio del Arsenal, en San Juan; y se le adscribieron los Negociados de la Mujer y el Niño (que más tarde se convirtió en el Negociado de Normas del Trabajo), y de Mediación (hoy, Negociado de Conciliación y Arbitraje). Además, se le encomendó la protección del bracero migrante a los Estados Unidos, mediante el Negociado de Empleo y Migración (que luego se transformó en la División de Migración, con sede en la ciudad de Nueva York).

Para complementar su misión de garantizar la paz laboral como medio para alcanzar el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, se fueron añadiendo al Departamento otros programas u organismos para la protección de los derechos de los trabajadores, o para la reglamentación de normas o condiciones de trabajo. Podemos mencionar algunos:

• Junta de Relaciones del Trabajo (Ley 130 de 1945)

• Servicio Público de Empleo (Ley 12 de 1950)

• Fondo del Seguro Grupal para Trabajadores Puertorriqueños Migrantes (1953)

• Seguro por Desempleo (Ley 74 de 1956)

• Junta de Salario Mínimo (Ley 96 de 1956)

• Administración del Derecho al Trabajo (Ley 115 de 1968)

• Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT, Ley 139 de 1968)

• Unidad Antidiscrimen (Orden Administrativa de 1975)

• Administración de Seguridad y Salud (PR OSHA, Ley 16 de 1975)

Además, el Negociado de Normas del Trabajo asumió la administración de la mayoría de las leyes protectoras del trabajo, como la que reglamenta el pago de salarios (1931), la licencia por maternidad (1942), la jornada de trabajo (1948), el bono navideño (1969) y el despido injustificado (1976). Cada una de estas fundaciones y cada una de estas leyes, revivieron fantasmas entre los representantes del capital absentista que controlaba las finanzas, la industria de la aguja, el agro y el comercio. Los patronos, los partidos políticos que los acogían, y sus aliados en la Ramas Ejecutiva y Legislativa, repitieron –como los esclavistas del siglo anterior—que la aprobación de legislación protectora de derechos de los trabajadores solo podía desembocar en el desorden cívico, la degradación moral y la ruina económica de la sociedad puertorriqueña.

Con el transcurso de los años y la transformación socioeconómica de mediados del siglo XX, la decadencia del Movimiento Obrero –por razones internas y externas – y la gestión eficaz de la clase patronal, afectaron la estructura y las funciones del Departamento. Como ejemplo, la División de Migración desapareció para finales de la década de los años 80; y la Junta de Salario Mínimo fue eliminada por la Ley 180 de 1998, como parte de la anterior llamada “Reforma Laboral”, con la que se disfrazó en aquel momento una ofensiva patronal contra derechos adquiridos por la clase trabajadora.

No obstante, lo que no ha cambiado es la visión y los valores de la clase trabajadora puertorriqueña que se esfuerza y lucha día a día por el sostenimiento de sus familias. Ni la burocratización y el partidismo que se infiltraron en sectores gubernamentales, ni la corrupción que ha manchado a algunos sectores del Movimiento Obrero, ni el envalentonamiento de sectores patronales, han hecho mella en esa determinación y espíritu de lucha de nuestra clase trabajadora.

Resulta importante que en estos momentos, y con la excusa de la tan abusada frase de la “flexibilidad laboral”, todos nos unamos en la protección de nuestros derechos. Creemos que a todos nos corresponde, junto a la entidades gubernamentales y privadas, ser promotores del desarrollo económico sostenible y justo, amplio y equitativo; un desarrollo económico que se refleje en las ganancias de los empresarios, pero también en la calidad de vida de los trabajadores; un desarrollo económico que beneficie al capitalista, pero no a costa de la vida, la salud o los derechos del obrero.

Por ello, nos concierne a todos rechazar la generación de empleos precarios, de jornada parcial, sin plan médico ni disfrute de vacaciones o días por enfermedad. Aspiramos a una sociedad de empresarios justos y generosos, y de trabajadores capacitados, comprometidos y productivos. Soñamos con una Patria de gente laboriosa, honrada, sana, creadora y genuinamente feliz; en un ambiente salubre y cálido; en una tierra fértil y habitable; que conviva en una cultura de tolerancia, paz y trabajo. Por eso, favorecemos la permanencia de la legislación protectora del trabajo; en particular, lo concerniente a la jornada de trabajo en Puerto Rico, y la revisión del salario mínimo, el cual fue revisado por última vez en el 2007.

En esta ocasión la “Ley de transformación y flexibilidad laboral” pretende que de golpe y porrazo borremos de nuestra existencia como Pueblo un derecho de rango constitucional como lo es la Jornada de Trabajo. Nos resulta lastimoso; por cuanto hiere la sensibilidad de cualquier puertorriqueño que conozca lo que esto ha significado en mantener la dignidad del trabajador y de sus familias, que ahora se procure eliminar sin la más mínima oportunidad de una discusión mesurada sobre el asunto.

Independientemente de lo anterior, lo cierto es que en Puerto Rico el derecho de los trabajadores a una jornada de trabajo de ocho (8) horas está establecido desde el año 1948, mediante la Ley Núm. 379, conocida como la Ley de Jornada de Trabajo. La jornada de trabajo fue elevada a rango constitucional en la Sección 16 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, la cual fue aprobada en el año 1952. De igual forma, la Ley no solamente reconoce como horas extras las trabajadas en exceso de la jornada de ocho (8) diarias y cuarenta (40) semanales, sino que “declara irrenunciable la compensación adicional por dichas horas trabajadas en exceso.”

Este tema de “flexibilidad laboral” ha revivido viejos fantasmas. Algunos sectores patronales expresan, como si fuera palabra de Dios, que la legislación laboral es la causante de costos crecientes y dificultades en la innovación de las empresas, por lo cual promueven la “flexibilización” de las leyes vigentes. Convendría repasar las consecuencias de la “flexibilización” ocurrida entre 1995 y 1998, y de la reducción de los salarios en días domingo aprobada mediante la Ley Núm. 143 de 2009, la cual eliminó la paga doble y redujo los días feriados. Cabe preguntarse: ¿cuál ha sido el resultado de estas políticas laborales? Se nos indicó que eran necesarias para hacer más competitivo a Puerto Rico y que generarían miles de empleos nuevos.

La realidad actual es que hoy día y gracias a estas “reformas laborales”, solo se le exige sacrificio a la clase trabajadora del País. Hoy día muchos jefes de familia continúan empleados, pero en segundos y hasta terceros trabajos de jornada parcial, para poder sostener a sus familias; con menos tiempo disponible para descansar, compartir con sus hijos o divertirse. Nos debemos preguntar si verdaderamente han mejorado sus condiciones de trabajo, sus relaciones familiares, su calidad de vida y, por extensión, las del resto de la sociedad puertorriqueña.

Todos y todas debemos rechazar que se recurra otra vez al discurso sobre el desorden cívico, la degradación moral y la ruina económica que nos espera si se mantienen las condiciones de vida y de trabajo de la mayor parte del pueblo. No podemos regresar al siglo XIX ó al XX, excepto para repasar nuestra historia, estremecernos ante prácticas o actitudes inhumanas, seguir luchando contra las que persisten solapadamente o a viva voz (como el discrimen contra la mujer o contra los dominicanos), e imaginar un futuro de bienestar y justicia. En los albores del siglo XXI, se hace apremiante abrir rutas que incorporen el diálogo multisectorial de los actores principales de la economía de nuestro País.

Quienes trabajan –en la casa, el taller, el campo, la oficina, el salón, el laboratorio, los aires o la mar–, hacen, construyen, fabrican, obran, crean. Quienes trabajan, generan vida buena para todos. Quienes trabajan contribuyen a la creación y, en esa medida, son el brazo de Dios. Por ello, todos debemos celebrar nuestro rol de partícipes de la creación, nuestro origen proletario y por ende luchar por nuestro futuro; mientras glorifiquemos con nuestro poeta Juan Antonio Corretjer:

A las manos indias, porque trabajaron . . .

A las manos blancas, porque trabajaron . . .

A las manos negras, porque trabajaron . . .

Y a todas las manos que hoy trabajan . . .

¡Alabanza! Para ellos y para su Patria,

¡alabanza, alabanza!



El autor fue Secretario del Trabajo en el cuatrienio de 2004-2008.
 

Misión PR en Cuba

 

Fundación Juan Mari Brás

 

Otro PR es posible

 

Nuestra Opinión en blanco y negro

Documentos

Solo el administrador



banner minhOficina Central, C 25 NE 339, San Juan, Puerto Rico 00920.
Teléfono (787) 774-8585,
minhpuertorico@minhpuertorico.org